Personas usuarias de drogas: Grandes superVIHvientes
Marta Pastor
Bizkaisida – Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia. Bilbao
E-mail de correspondencia: martapastor@bizkaisida.com
En ocasiones, la infección por el VIH se superpone a otras situaciones preexistentes de grave exclusión social. Las desigualdades sociales tienen un claro efecto en la vulnerabilidad frente a la infección, en el pronóstico y evolución de la infección, y en el impacto de la discriminación asociada al VIH, que es todavía mayor en estas personas. Por ello, una respuesta adecuada a la discriminación debería ir de la mano de las estrategias dirigidas a reducir las desigualdades sociales y a eliminar la exclusión social.” Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH. Noviembre de 2018.
DE DÓNDE VENIMOS:
Cuando hablamos de personas usuarias de drogas y las definimos como las “grandes supervihvientes”, nos estamos refiriendo a aquella generación de jóvenes que en los años 80 se hicieron adictos/as a la heroína, y que se encuentran en la actualidad en consumo activo o en el circuito de las adicciones y a la vez en una situación de exclusión social. Desde los años 80 hasta la actualidad, muchas de estas personas han vivido en la calle. La mayoría han pasado por procesos de deshabituación, comunidades terapéuticas y procesos de reinserción. También han sufrido varias recaídas en el consumo y, en esas etapas, el sistema de protección social no ha resultado eficiente en los objetivos de prevenir la grave exclusión. Algunas personas, incluso han tenido una buena reinserción durante alguna etapa de sus vidas. También hay muchas personas que han pasado largas temporadas en prisión, pero a día de hoy, para todas ellas, la exclusión social es su perímetro habitual.
Toda la reflexión o análisis respecto de este colectivo lo realizamos fruto del trabajo de intervención directa en un Recurso diurno de baja exigencia de atención y emergencia sociosanitaria dirigido a este colectivo que, en 2001, abrió sus puertas en Bilbao. Este recurso, puesto en marcha por la Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia-Bizkaisida, fue el resultado de desarrollar la estrategia de reducción de daños que, desde el año 1987, la ONG llevaba a cabo con su trabajo de calle o de acercamiento comunitario. En junio de 1988, Bizkaisida puso en marcha el primer Programa de Intercambio de Jeringuillas en España. A lo largo de 2020, este programa dispensó 19.783 jeringuillas entre sus 393 personas usuarias.
Por todo este recorrido, Bizkaisida apuesta por una intervención individualizada, que exige al equipo profesional de mucha flexibilidad, ya que es importante considerar el momento individual de la persona, su contexto relacional, así como el ciclo vital en el que se encuentra. El marco en el que trabajamos las adicciones es el de la reducción de daños y riesgos, y prestamos muchísima atención a los Determinantes Sociales de la Salud que afectan de manera tan drástica a las personas que atendemos. Como respuesta, trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos.
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Acciones de solidaridad y empoderamiento para personas LGBTIQ+ vulnerables durante la pandemia de COVID-19
Gerardo Pérez Meliá1 y Osmely Piña2
1 Director de la Cinemateca Pedro Zerolo y responsable del equipo de Salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras.
2 Universidad del Zulia (Venezuela) y Director de Encuentro Diverso.
E-mail de correspondencia: info@asociaciontriangulo.org
Asociación Triángulo nació en el año 2003 y a lo largo de 18 años de trabajo nuestro objetivo ha sido conseguir la igualdad de las personas LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad. Desde nuestra asociación ofrecemos un espacio seguro para la población sexodiversa, con acceso a una red de servicios y profesionales de diferentes áreas psicosociales (legal, sanitaria y psicológica), siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030. ¿Nuestro propósito? Defender la equidad social y ayudar en la formación de una sociedad diversa y plural.
Durante la pandemia por COVID-19 Madrid se paralizó, generando una serie de factores sociales, económicos y culturales que crearon un escenario de vulnerabilidad para las personas LGBTIQ+, especialmente en aquellas que son VIH+ o que se encontraban en proceso de regularización.
Los sistemas de salud colapsaron al estar poco preparados para afrontar la enfermedad por COVID-19, lo que dificultó el acceso al tratamiento de muchos pacientes. La pérdida de empleo causó una disminución de los ingresos, aumentando los problemas de acceso a la vivienda, transporte, comida, comunicaciones, alimentación y farmacia. La salud mental también se vio afectada debido al aislamiento y la disminución de las interacciones sociales positivas, generando soledad, ansiedad, depresión y estrés. Todo esto predispuso a las personas LGBTIQ+ a situaciones de abuso, violencia y discriminación.
Fue por esas razones que desarrollamos acciones específicas para apoyar a personas LGBTIQ+ vulnerables en el ejercicio de sus derechos. Tuvimos tres ejes de actuación:
En primer lugar, promovimos la adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR), fundamental para cumplir con los objetivos 95 – 95 – 95 (95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 95% de las personas diagnosticadas ya reciben tratamiento y el 95% de éstas tienen carga viral indetectable). Nuestro equipo de voluntariado garantizó el derecho al acceso al TAR distribuyendo a domicilio la medicación desde la farmacia de los diferentes hospitales. Adicionalmente, muchas personas que se quedaron atrapadas en Madrid también recibieron su tratamiento gracias al apoyo de instituciones como la Embajada argentina en España y la farmacia de diversos hospitales.
La ayuda humanitaria fue otro de nuestros ejes de actuación. Creamos un banco de alimentos, garantizamos ayudas para cargas telefónicas, tarjeta de transporte, distribución de material preventivo para COVID-19 (mascarillas, gel, alcohol) y acceso a productos de farmacia e higiene.
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Vivencias Trans (desafíos y retos), violencia estructural, discriminación sistemática y su impacto ante VIH
Josseline Mendoza Aguilar
Orgullo Ecatepec A. C.
E-mail de correspondencia: coordinaciongeneralcoe@gmail.com
Las personas trans enfrentamos constantes desafíos: la violencia estructural, el estigma, la discriminación, los múltiples prejuicios y desconocimiento, resultado de una sociedad machista y patriarcal que clasifica el sexo y género desde una visión binaria, genitalista y absolutista, siendo el sistema heterocisnormativo como lo único aceptado. La violencia sistemática y su impacto negativo en los derechos humanos, sociales y hasta lo más íntimo de las vidas de las personas trans, en el ámbito familiar donde se generan las primeras violencias, ser travestidas desde la infancia de un género que no nos identifica, ser invisibilizadas, discriminadas y, hasta después de muertas, travestidas en un ataúd y nuevamente con la identidad borrada.
La discriminación, violencia y abuso sexual a personas trans en el entorno familiar es una constante en el núcleo primario de desarrollo, que lleva a la exclusión de las personas trans por parte de familiares consanguíneos, llevando a las personas trans a buscar referentes que puedan sustituir a una madre o un padre. En muchos casos este referente es otra mujer trans adulta, con las mismas violencias y carencias, donde se replican y normalizan muchas prácticas de riesgo que terminan en la hipersexualización de las mujeres trans. A esto se le suma la violencia y discriminación en el ámbito educativo, que lleva a muchas mujeres trans a la deserción escolar.
En la vida, las mujeres trans vivimos mucha soledad. Intercambiamos sexo para comer, para sobrevivir, por compañía, para llenar vacíos, por enojo, depresión, ansiedad, cayendo en una espiral donde se pierde el control de nuestra vida sexual. En algunos casos, somos sometidas a múltiples violencias por nuestras parejas, donde somos ocultas, cosificadas y violentadas. Es importante mencionar la discriminación y exclusión en el ámbito laboral, quedando en la mayor parte de las veces, solo dos oportunidades laborales, estilismo, auto empleo y trabajo sexual. Y esto se complejiza con el uso de sustancias psicoactivas.
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La Ley de libertad sexual y el riesgo de infección por el VIH
Carolina Clemente
Putxs en Lucha
Email de correspondencia: putxsenlucha@gmail.com
El trabajo sexual lleva años siendo perseguido y criminalizado en el Estado español: empezó con las ordenanzas municipales y la Ley mordaza, normativas que afectaron a las trabajadoras sexuales de calle, empujándolas a captar clientes en lugares más peligrosos y disminuyendo su clientela. Estas circunstancias mermaron su poder de negociación acerca de qué prácticas se llevarían a cabo durante el servicio, aumentando así el riesgo de que se dieran prácticas sin profilaxis. Esta persecución continuó por parte de ayuntamientos como el de Sevilla, los cuales instaban a los vecinos para que denunciasen los pisos donde se ejerce la prostitución.
Ahora nos encontramos frente a una “Ley de libertad sexual” que plantea castigar, con entre uno y tres años de cárcel, a cualquier persona que nos alquile un espacio donde trabajar (la llamada “tercería locativa”).
En consecuencia, se clausurarán nuestros espacios de trabajo, que suelen ser nuestras viviendas: al no contar con una nómina que justifique nuestros ingresos, las trabajadoras sexuales solemos vivir en los espacios destinados a ejercer la prostitución. Así pues, vamos a ser desahuciadas, sin que, ni el Estado ni el Ministerio de Igualdad, hayan presentado un plan de alternativa habitacional.
Esta medida va a afectar especialmente a las trabajadoras sexuales en mayor situación de vulnerabilidad: mujeres precarias que arriendan habitaciones por no poder afrontar el pago de un inmueble solas, migrantes en situación administrativa irregular que van a ver cómo aumenta la presencia policial en sus espacios de vivienda y trabajo (con el consiguiente riesgo de expulsión del país), madres solteras o divorciadas que, al haber perdido sus espacios de trabajo, van a tener que atender a clientes en sus casas, corriendo el peligro de que los servicios sociales les retiren la custodia de sus hijos.
Todo esto va a hacer que aumente el estigma y el miedo. Así, por no perder la vivienda, los hijos o ser deportadas, muchas veces no vamos a denunciar las agresiones que padezcamos. En consecuencia, los perpetradores se van a saber impunes y, con ello, van a proliferar las agresiones, los robos y las violaciones.
Los clientes abusadores van a tener más poder para obligarnos a realizar prácticas de riesgo. Asimismo, puesto que no querrán figurar en ningún lugar como prostitutas, disminuirá el contacto de muchas trabajadoras con asociaciones que se dedican a la prevención del VIH y con colectivos de politización que brindamos el empoderamiento necesario para decir “no” a las prácticas de riesgo.
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