Ana Girón y Josemari Loizaga
SIDÁLAVA
E-mail de correspondencia: coordinacion@sidalava.org
INTRODUCCIÓN
La Comisión Ciudadana Anti Sida de Álava -SIDÁLAVA- es una Asociación fundada en 1987 por un pequeño grupo de personas comprometidas con la lucha contra el sida y cuyo objetivo principal en aquellos momentos era informar a la población general sobre el virus y las medidas de prevención, así como, apoyar a las personas con VIH y sus familias.
Eran años en los que el VIH hacía estragos. Los tratamientos médicos eran muy poco efectivos, los diagnósticos de SIDA eran muchos y se daban tasas de mortalidad elevadísimas. Infectarse por VIH era una sentencia de muerte. Esta realidad afectaba a personas muy vulnerables: en el Estado Español y más concretamente en la Comunidad Autónoma Vasca, la vía de transmisión mayoritaria era compartir jeringuillas entre personas consumidoras de heroína, personas jóvenes, que vivían en contextos de pobreza y marginación y cometían pequeños delitos para obtener la siguiente dosis, lo que les acababa llevando a prisión. En los 90, era alarmante el porcentaje de personas con VIH en prisión: más del 30% de la población penitenciaria en Álava era seropositiva.
Desde entonces, la Asociación tiene entre sus acciones prioritarias la intervención en el ámbito de la privación de libertad y el acompañamiento socioeducativo a las personas privadas de libertad, tanto dentro de la prisión como en la comunidad; incidiendo especialmente en eliminar las situaciones que sitúan a estas personas en una situación de especial vulnerabilidad.
En lo que se refiere a las personas que viven con VIH en prisión, nuestro objetivo es garantizar derechos básicos durante el cumplimiento de la condena y promover recursos sociosanitarios que apoyen la inclusión en la comunidad de las personas que han cumplido una pena privativa de libertad; instando a las Administraciones Públicas competentes en los ámbitos sanitario y social a implicarse en la respuesta a estas situaciones e interpelando a la responsabilidad que tenemos como sociedad.
La prisión no puede verse como un elemento aislado de la sociedad: las personas en prisión son parte de la comunidad y deben tener garantizados sus derechos, especialmente el derecho a la salud. Por ello, debe ofrecerse una atención sanitaria equiparable a la que se recibe en la comunidad, además de los mecanismos necesarios para asegurar continuidad y calidad en la atención. Es esencial que la atención médica en prisión dependa de los servicios públicos de salud y que se desarrollen programas que minimicen los impedimentos que las normas y el régimen de vida en prisión pueden poner a la atención médica (programas de consultoría médica con especialistas, de telemedicina…).
VULNERABILIDAD Y PRISIÓN
Las personas que están en prisión presentan una serie de vulnerabilidades, tan complejas y múltiples, que podríamos afirmar que afectan a casi todas las personas presas.
La privación de libertad es, en la mayor parte de las ocasiones, resultado de una exclusión previa (sinhogarismo, adicciones, enfermedad mental, patologías físicas como el VIH, etiquetamiento y estigma por motivos de raza, procedencia, género…). Estas situaciones de exclusión y de marginación condicionan el bienestar de las personas y, de algún modo, las predispone hacia vidas proclives a la comisión de delitos.
La entrada en prisión agrava estas vulnerabilidades preexistentes y genera nuevas, afectando a la salud física y mental, la autoestima, las habilidades sociales, y creando un ciclo de exclusión y desigualdad. Además, la privación de libertad provoca pérdida de relaciones, empleo, limitaciones de acceso a la cultura…
(Continua…)
